En 1801, el pachá turco de Trípoli (Libia), en aquel entonces un territorio perteneciente al imperio otomano, exigió a los estadounidenses un aumento del chantaje de 83.000 dólares que venían pagando anualmente desde hacía cinco años a cambio de que los piratas no atacasen su comercio. Esto inició la primera guerra berberisca (la Berbería es el nombre con el que los europeos, hasta el siglo XIX, se referían a las regiones costeras de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia) que duró cuatro años y que finalizó un tratado de paz y con el pago de 60.000 dólares a los piratas por el rescate de la tripulación del USS Philadelphia, que había sido apresada en 1803. Unos años después, en 1812, con los Estados Unidos en guerra con Gran Bretaña, los piratas volvieron a las andadas, atacando a los buques mercantes y exigiendo rescates por las tripulaciones. Los estadounidenses volvieron a pagar para satisfacer a los piratas, pero de nuevo no fue suficiente y los argelinos declararon la guerra a los Estados Unidos. En 1815, finalizada la guerra con los británicos y visto el fracaso de la política de concesiones, la Armada estadounidense atacó a los piratas en Argel y Túnez, poniendo fin a los ataques piratas y al pago de tributos. Al año siguiente, los piratas argelinos rechazaron de nuevo el tratado hasta que una flota anglo-holandesa bombardeó Argel y les obligó a rendirse y a abolir su “costumbre de tomar esclavos cristianos”.
A diferencia de los estadounidenses, España siempre supo que ceder al chantaje a la larga sólo significaba una humillación tras otra y un atrevimiento cada vez mayor de los piratas. Las costas mediterráneas españolas sufrieron los violentos y continuos ataques de los piratas berberiscos, y se establecieron torres de vigía para alertar de su llegada. De esa época viene la expresión popular “no hay moros en la costa”, que hoy en día se utiliza para señalar que no hay peligro a la vista, pero que según algunos izquierdistas e ignorantes de su propia historia es una expresión “racista”. España no sólo se mantuvo a la defensiva, sino que atacó las plazas de los piratas e hizo frente al poder turco que sostenía la piratería con victorias tan famosas como Lepanto. Sin embargo, desde hace cincuenta años España ha olvidado muchas cosas de su historia. Desde la Marcha Verde de 1975, en la que Marruecos aprovechó la debilidad española para apoderarse del Sahara, la relación con nuestro vecino del sur ha sido, salvo contadas excepciones, una sucesión de chantajes y humillaciones. España ha regado de dinero a Marruecos para controlar la inmigración ilegal, algo que Marruecos ha hecho en función de sus intereses, utilizando la inmigración como un arma y permitiendo asaltos a las fronteras españolas cuando quería más dinero o una que España asumiese una determinada postura política. Es como si Polonia, en el caso de la crisis migratoria de su frontera oriental, le diera dinero a Lukashenko para que Bielorrusia impidiese los asaltos contra la frontera polaca desde su territorio. Como sería de esperar, los asaltos no se detendrían nunca y Polonia sería victima de un chantaje permanente. Desgraciadamente, a diferencia de Polonia, España tiene unos gobernantes más preocupados por sus beneficios personales que por la integridad y el honor de su país.
El chantaje también conlleva la humillación y tenemos muchos ejemplos de ello: La reivindicación de las ciudades fronterizas de Ceuta, portuguesa desde 1415 y española desde 1580, y Melilla, española desde 1497 (Marruecos no se independiza de Francia hasta 1956) e incluso las Islas Canarias; La avalancha de mayo de 2021 cuando, a raíz de una decisión del gobierno español que molestó a Marruecos, ocho mil marroquíes asaltaron y cruzaron la frontera de Ceuta, entre ellos más de 1500 menores que creían que el jugador de futbol Cristiano Ronaldo iba a jugar en la ciudad, provocando el caos en Ceuta y un esfuerzo enorme del gobierno español para devolver posteriormente a los menores a sus familias en Marruecos; El insulto a la bandera española, colocada boca abajo en la reunión hispano-marroquí de abril de 2022 y que nadie de la delegación gubernamental fue capaz de apreciar, o los habituales insultos y desprecios de la prensa marroquí hacia España. Todo ello, mientras España sigue enviando dinero a Marruecos, como los 20 millones de euros para el desarrollo marroquí en octubre de 2022 o los 800 millones en créditos para las empresas que quieran invertir en Marruecos aprobados en la cumbre bilateral de febrero de este año. Una cumbre que, según el gobierno y sus medios de comunicación afines, sella la amistad con nuestro vecino, la pregunta es: ¿Hasta cuándo?
Muchos creen que el problema de España con respecto a Marruecos tiene su origen en el buenismo, una enfermedad de la que también adolece Occidente. Sin duda, es cierto que el buenismo afecta a buena parte de la sociedad que es incapaz de distinguir el chantaje o el uso de la inmigración como un arma política de desestabilización, pero eso no puede explicar lo que sucede entre España y Marruecos. El escándalo del espionaje con el sistema Pegasus, destapado en mayo de 2022 y en el que el gobierno español reconoció que justo un año antes, en medio de la crisis del asalto a Ceuta, los teléfonos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de la que entonces era ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, podría ser un paso más en el chantaje y explicaría el cambio histórico de actitud del gobierno español respecto a la cuestión del Sahara, aceptando el plan de Marruecos de 2007 sin obtener nada a cambio y que ha provocado un conflicto con Argelia nuestro principal proveedor de gas y desde donde ya empiezan a llegar embarcaciones con inmigrantes ilegales.
Tampoco podemos ni debemos descartar el soborno y la compra de voluntades, posiblemente con el mismo dinero recibido desde España, más aún cuando vemos que ese modus operandi se ha estado llevando a cabo en el corazón de la Europa comunitaria. En opinión del eurodiputado polaco Dominik Tarczynski, el reciente caso de sobornos a políticos europeos con las maletas llenas de billetes de la vicepresidente europea, la socialista Eva Kaili, el conocido como Qatargate se está convirtiendo en el Moroccogate y explicaría porque en Bruselas existe una decisión estratégica de apoyar a Marruecos. Por el momento, hay implicados varios eurodiputados socialistas griegos, belgas e italianos, y Abderrramin Atmoun, actual embajador de Marruecos en Polonia y que presidia con otro implicado, el socialista italiano Panzeri, la comisión mixta de la UE y Marruecos.
El pasado 19 de enero el Parlamento Europeo aprobó una resolución crítica con Marruecos por sus ataques contra periodistas. Los socialistas españoles, tan preocupados habitualmente por los derechos humanos, votaron en contra y los populares españoles se abstuvieron. De nuevo, una actitud incomprensible por parte de los miembros de los partidos que han gobernado en España durante las últimas décadas y que sólo puede explicarse porque los hilos de esta trama de corrupción acabaran llegando a España, una España que necesita más que nunca una política exterior de defensa de sus fronteras, libre de chantajes y de políticos vendidos a países extranjeros.
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