“Por el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos”. Entre los aplausos de los dirigentes del PSOE y “por España”, Pedro Sánchez defendió por fin públicamente la amnistía para los separatistas catalanes. Era un secreto a voces que, para más inri, fue votada mayoritariamente en una consulta a las bases socialistas. Lo cierto es que no hay precio que Pedro Sánchez y el Partido Socialista no esté dispuesto a pagar con tal de llegar al poder.
Así, tras una campaña mediática para preparar el terreno y justificar la amnistía, con argumentos desde “por la convivencia” a “hay que evitar que gobierne la derecha y la extrema derecha”, los socialistas no tuvieron ningún reparo en reunirse con el prófugo Puigdemont en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Como han hecho en otras ocasiones, los separatistas utilizaron la reunión para humillar al gobierno de España, y la sala en la que el número tres del Partido Socialista, Santos Cerdán, y la presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García-Pérez, escuchaban las exigencias de Puigdemont, exhibía una fotografía de gran tamaño en la que se ve a un grupo de jóvenes que levantan una urna en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La fotografía, titulada “Contribución de Cataluña al progreso social y político de la UE”, aparecía cortada en las imágenes difundidas por el PSOE, pero finalmente ha trascendido esta nueva humillación, una más.
La amnistía pactada no solo afecta a Puigdemont y al resto de fugados, sino que incluye a los 4.000 encausados por la organización y celebración del referéndum ilegal de 2017, y por los actos violentos cometidos durante el intento de golpe de estado. Los separatistas catalanes también consiguen el traspaso integral al gobierno catalán de la red de Cercanías, incluidas las estructuras, y la condonación de 15.000 millones de deuda. Además, y a cambio de posponer el referéndum de independencia, Pedro Sánchez esta dispuesto a reconocer a Cataluña como “nación”, ya que actualmente la Constitución reconoce una nación, la española, y nacionalidades. Esto parecía ser suficiente, pero nunca lo es. El acuerdo no ha llegado aún, y las nuevas peticiones de Puigdemont pretenden ampliar la amnistía a condenados por delitos de corrupción como su amiga Laura Borras, condenada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental. El prófugo sabe que tiene en sus manos a Pedro Sánchez.
El otro partido de los separatistas catalanes, ERC, ya ha señalado que tendrán que revisar los cambios pactados con Puigdemont y, por supuesto, pedir más. Pero, además, también están los separatistas vascos del PNV y de Bildu, los herederos políticos de la banda terrorista marxista leninista ETA. De momento el PNV ya ha pedido el mismo trato de nación para el País Vasco, y está por ver qué consecuencias tiene esta nueva cesión a los que quieren romper España. Los separatistas gallegos del BNG (Bloque Nacionalista Galego) han conseguido que se compense a Galicia por la condonación de deuda que a Cataluña. El mensaje está claro, en España se premia a los desleales.
¿En que ceden los separatistas? Solo en una cosa, el referéndum no está en este momento encima de la mesa por ahora. Sin embargo, teniendo en cuenta que los socialistas han eliminado del código penal los delitos de sedición y malversación, los separatistas tienen tiempo para repetir el intento y con muchas más posibilidades de éxito. De todos modos, si Sánchez sigue en el gobierno durante mucho tiempo, es posible que ya no quede España de la que separarse.
¿Cuál es el precio de la amnistía?
La amnistía no solo es un hecho sin precedentes en la que un político, para mantenerse en el poder, perdona a otro político delitos tan graves como el haber llevado a cabo intento de golpe de Estado y de ruptura de la nación, es también un torpedo a la línea de flotación de la propia democracia. El poder legislativo pasa por encima del poder judicial y se carga de un plumazo la igualdad de los españoles ante la ley, una igualdad ya muy dañada por las leyes de género y de discriminación al idioma español en muchas regiones de España. Los ciudadanos españoles están obligados a cumplir las leyes, los separatistas no, siempre que sus votos sean necesarios para poner en el poder a Sánchez y a su banda. Difícilmente se puede llamar a eso separación de poderes y mucho menos democracia.
Una parte de la justicia española, muy politizada por el PSOE y el PP, ha reaccionado ante el atropello. El lunes, el Consejo General del Poder Judicial aprobó una declaración institucional contraria a la amnistía, tachándola de ser una medida con efectos de “abolición del Estado de Derecho en España” y que genera “una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos”. Para el CGPJ, se trata de “una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución”. El CGPJ afirma no poder “permanecer en silencio” ante esta situación por las graves consecuencias que tiene para el Poder Judicial. No obstante, y por muy contundente que sea, esta declaración institucional no le va a quitar el sueño a Pedro Sánchez. Lo que sí puede complicar su idilio con el prófugo Puigdemont es la imputación de este y de Marta Rovira, secretaria general de ERC, por terrorismo en la causa del Tsunami Democràtic.
Tsunami Democràtic apareció “espontáneamente” e hizo su presentación en redes sociales en septiembre de 2019 para responder a la próxima sentencia del procés. Llamando a la desobediencia civil y a la no violencia, sus miembros causaron todo tipo de altercados: ocuparon oficinas de entidades bancarias que “financiaban la represión”; intentaron asaltar la zona internacional del aeropuerto del Prat provocando la cancelación de más de 100 vuelos; cortaron autopistas y causaron disturbios públicos y destrozos. Para Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, Puigdemont tuvo “un rol de liderazgo” en este movimiento, y le ubica en reuniones donde se pudo haber planificado su actuación. Respecto a Marta Rovira, un informe de la Guardia Civil concluye que “realizó cometidos de coordinación” del movimiento. El juez considera que se trata de un delito de terrorismo y le ha dado a Puigdemont la oportunidad de que declare voluntariamente, de lo contrario, cursará el suplicatorio al Parlamento Europeo, ya que el prófugo es europarlamentario, para que se pronuncie sobre el asunto. Incluso si la amnistía absuelve también a Puigdemont de estos hechos, la causa abre el camino para que la ley de amnistía pueda ser impugnada por los tribunales europeos.
La calle
El Partido Popular se ha manifestado claramente en contra de la amnistía, sin embargo, sus dirigentes se mostraron reacios en un principio a apoyar las manifestaciones en la calle, y por ese motivo no acudieron a la gran manifestación, con una asistencia entre 100.000 a 200.000 personas, celebrada en Madrid el 29 de octubre. Afortunadamente, el PP cambió de actitud y ya ha convocado concentraciones el próximo domingo, 12 de noviembre, en las capitales de provincia de España. Para Alberto Núñez Feijóo, la amnistía es un “ataque al Estado de derecho” y “el mayor retroceso democrático de nuestra historia”. Feijóo también anunció su asistencia en la próxima gran manifestación en Madrid, en la plaza de Cibeles. Unas horas antes, Santiago Abascal confirmaba su presencia y apoyo a esa manifestación. VOX, a diferencia del PP, ha mostrado permanentemente su oposición en todos los frentes, tanto en la calle, acudiendo y apoyando todas las manifestaciones convocadas contra la amnistía, como en los tribunales, anunciando una futura querella por cohecho contra Pedro Sánchez por “vender la amnistía a cambio de votos”, y contra los letrados del Congreso y del Senado que admitan la tramitación de la amnistía. Para Santiago Abascal, la amnistía es una “traición” a todos los españoles de mano de un PSOE cuyos dirigentes no tienen “moral”.
Pero, además de estas convocatorias, se ha producido un fenómeno espontaneo que recuerda a la aparición de banderas nacionales por todos los rincones de España durante 2017, en pleno golpe de Estado separatista. El pasado viernes se produjo una concentración de protesta contra la amnistía en frente de la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz. Desde ese día, las manifestaciones ante las sedes del PSOE se han extendido a toda España. El lunes, cientos de personas se concentraron en Barcelona, Córdoba, Jaén, Málaga, Oviedo, Sevilla, Toledo, Valencia o Zaragoza. La más numerosa se produjo en Madrid, con la asistencia de miles de personas y los principales dirigentes de VOX. Está claro que estas manifestaciones han preocupado a los socialistas, Pedro Sánchez las ha calificado de “ataque a la democracia”, y la policía antidisturbios recibió órdenes de cargar contra los manifestantes y emplear gases lacrimógenos, un material que no se utilizo contra los violentos separatistas en protestas que acabaron con numerosos policías heridos. La carga de los antidisturbios ha sido incluso criticada por varios sindicatos policiales que han pedido la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Martín, responsable de la actuación policial. Un delegado del gobierno que ha llegado a afirmar que Bildu ha “hecho más por España y los españoles que los patrioteros de pulsera”. La carga policial ha causado una enorme indignación y las redes sociales se han llenado de mensajes a favor de mantener las concentraciones ante las sedes socialistas. Si la intención del gobierno era desalentar a los manifestantes, han conseguido exactamente lo contrario.
La amnistía representa un cambio radical de las reglas de juego y está provocando reacciones. Los jueces, los partidos de la derecha e incluso destacados miembros de la Iglesia, que nos tiene acostumbrados a no alzar la voz, se han manifestado en contra. El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, señalo que la amnistía es “profundamente inmoral”, y la semana pasada el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, acusó al PSOE de ser “cómplices que venden lo ajeno por un plato de lentejas para seguir en el poder”. Pero todo esto no basta para cambiar la realidad. Pedro Sánchez va a intentar cerrar el acuerdo lo antes posible y comenzar la investidura, si es posible esta misma semana, veremos si la reacción se extiende también a otros estamentos del Estado y si es suficiente para que no suceda lo que se narra en Quo Vadis, la maravillosa novela de Henryk Sienkiewicz, y Nerón no pueda quemar Roma.
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