Informe: España & Portugal

España profundiza en las leyes de género y despenaliza la sedición y la malversación    

En España, el gobierno socialcomunista ha iniciado una carrera de aprobación de leyes, cada vez más radicales e impulsadas por los comunistas de Podemos, a menos de un año de las elecciones generales. Según la mayoría de las encuestas, salvo las dependientes del gobierno, los socialistas perderían las elecciones ante la suma del Partido Popular y VOX, lo que representaría un importante cambio de rumbo, sobre todo si tomamos como ejemplo el gobierno de Castilla y León donde ambos partidos ya gobiernan juntos. No obstante, la oposición más dura contra el gobierno socialcomunista está siendo protagonizada por VOX. El partido de Santiago Abascal ha anunciado una moción de censura contra Pedro Sánchez, una moción que no está claro si será apoyada por el Partido Popular. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el PP se abstendrá, aunque no votará en contra como hicieron en la moción anterior en octubre de 2020.  

Entre las leyes más polémicas aprobadas durante el mes de diciembre encontramos la ley “Trans”. La nueva ley, otra de las medidas estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, permite el cambio de sexo en el registro civil sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos, es decir, basta con la voluntad del interesado. Respecto a los menores, los mayores de 16 años no necesitarán la autorización de los padres para cambiarse de sexo, pese a no haber alcanzado la mayoría de edad. Por su parte, entre los 14 y 16 años los menores deberán contar con la autorización de sus padres o tutores, mientras que los de 12 y 13 años requerirán una autorización judicial. Sin embargo, la ley contempla que en los casos en los que exista desacuerdo entre los progenitores y la persona menor de edad, se tendrá en cuenta “el interés superior del menor” al que se le adjudicará un defensor judicial. Para los menores de 12 años también se amplían las posibilidades: no podrán cambiar de sexo en el registro, pero sí su nombre en el DNI. Además, según la ley, deberán recibir un trato conforme al sexo con el que se identifiquen en los colegios si así lo solicitan. A pesar de la polémica que ha suscitado la ley, lo cierto es que es muy similar a las leyes aplicadas por las comunidades autónomas. En Madrid, Andalucía o Murcia, gobernadas por el Partido Popular, ya se aplican leyes que reconocen la autodeterminación de género. Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid y a la que muchos consideran como una representante de la verdadera derecha, ha criticado la ley Trans, pero olvida que en Madrid está vigente la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de 2016, una ley que ella misma voto a favor. Según esta ley no son necesarias “pruebas psiquiátricas, psicológicas o tratamientos médicos para hacer uso de su derecho a la identidad de género o acceder a los servicios o a la documentación acorde a su identidad de género sentida”. Respecto a los menores también se habla del “interés superior del menor” ante la negativa de los progenitores y se recurre a la vía judicial.

Otra ley radical que ha empezado a tener consecuencias es la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del “sólo sí es sí”. Aprobada en agosto en sesión extraordinaria del Congreso, esta nueva ley feminista pretendía acabar con la distinción entre agresión y abuso sexual para proteger más a las mujeres. La realidad es que la ley que entró en vigor el 7 de octubre ha servido, al aplicarse de manera retroactiva, para rebajar la pena de agresores y violadores condenados. Al terminar el año, un total de 133 condenados han visto reducidas sus penas y 17 personas han sido excarceladas. Ante este nuevo éxito del feminismo radical, la respuesta de los dirigentes de Podemos ha sido acusar a los jueces de aplicar indebidamente la ley por culpa del machismo. Del mismo modo, el número de mujeres muertas por “violencia de género” no ha descendido en comparación con los años anteriores (49 en 2022, 48 en 2021, 49 en 2020), lo que plantea la eficacia de un Ministerio de Igualdad que para el año que viene tendrá un presupuesto de 573 millones de euros, un 9% más, 47 millones de euros, que los aprobados en 2022.

El 15 de diciembre, el parlamento aprobó un paso más en la ley del aborto que tendrá que ser ratificado por el Senado y permitirá a las menores de 16 y 17 años a abortar sin permiso paterno. El texto elimina la obligatoriedad de informar a las mujeres que acudan solicitando esta práctica y los tres días de reflexión e incluye medidas para garantizar que esta práctica se realice en los centros públicos de salud. Para evitar impedimentos se creará una lista de profesionales objetores de conciencia, como ya se hizo con la eutanasia. También recoge la distribución gratuita de la píldora del día después, baja específica en el trabajo para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes, la obligatoriedad de impartir educación sexual en todas las etapas educativas y la prohibición de las subvenciones a aquellas organizaciones “contrarias al derecho” al aborto. Las organizaciones provida son objeto de nuevo del acoso del gobierno que ha convertido en un delito rezar delante de las clínicas abortistas. Si esta ley es aprobada en el Senado, una niña de 16 años necesitará el permiso de sus padres para ir a una excursión escolar, pero no para abortar.  

Sedición y malversación

En otra decisión que sólo puede definirse como escandalosa, el Senado aprobó la reforma del Código Penal, una reforma que deroga el delito de sedición y rebaja las penas por malversación. Los primeros beneficiados por esta reforma, que entrará en vigor el 12 de enero, son los líderes independentistas catalanes condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre y separar a Cataluña del resto de España. La medida parece un pago a los independentistas catalanes de ERC que, como los independentistas vascos, son uno de los apoyos del gobierno de Pedro Sánchez. Ante las críticas por esta decisión, los socialistas han asegurado que su único objetivo es “propiciar el diálogo, el reencuentro y la convivencia” y que no habría un nuevo referéndum de autodeterminación. A pesar de las promesas, unos días después el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, señaló en su mensaje de Navidad que “2023 tiene que ser el año de dar forma a la propuesta catalana de acuerdo de claridad” para un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Para el político de ERC, los partidos catalanes deben pactar cuándo podrán “volver a ejercer el derecho a decidir” y “en qué condiciones se tiene que votar de nuevo”. Eliminar el delito no hace desaparecer al delincuente, y el problema con el separatismo sólo puede agravarse en el futuro. Respecto a la malversación, el delito se reduce cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, pasando de los 8 años de prisión que marcaba el actual Código Penal a sólo 4. De nuevo, los mayores beneficiados son los líderes independentistas catalanes.

El asalto a la justicia

La falta de renovación del Tribunal Constitucional, en manos conservadoras, es decir, con mayoría de magistrados propuestos por el Partido Popular, llevó al gobierno a preparar una ley para cambiar los criterios de elección de los miembros de este órgano y del Poder Judicial, anulando de este modo la independencia de la Judicatura haciéndolo más dependiente del poder ejecutivo. La ley fue frenada por el Tribunal Constitucional en su trámite parlamentario a petición del Partido Popular y VOX. Esto desató una crisis institucional sin precedentes con acusaciones de golpe de estado contra los jueces. Sin embargo, después de toda esta crisis el Tribunal Constitucional, de forma inesperada, finalizó su renovación con dos magistrados progresistas elegidos por el gobierno, y otros dos elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, uno conservador y otro progresista. De este modo, el Tribunal Constitucional pasa a estar en manos de la izquierda, exactamente lo que quería el gobierno.

Portugal: Inestabilidad, corrupción y eutanasia

En Portugal, la inestabilidad y la corrupción siguen siendo el talón de Aquiles del gobierno socialista de Antonio Costa. El ejecutivo sufrió su última baja el pasado 29 de diciembre con la dimisión del ministro de Infraestructura, Pedro Nuno Santos, causada por el escándalo de la TAP y el pago de medio millón de euros a su exdirectora ejecutiva Alexandra Reis, que posteriormente fue elegida secretaria de Estado del Tesoro, cargo del que fue despedida el 28 de diciembre. El ministro decidió asumir la responsabilidad política y presentar su renuncia ante la percepción pública y el sentimiento colectivo generado en torno al caso, y su renuncia fue aceptada por el primer ministro. Unas horas antes, el caso de la TAP causaba la dimisión del secretario de Estado de Infraestructura, Hugo Santos Mendes.

Pero estas no han sido los únicos ceses de altos cargos en el gobierno portugués. También por un caso de corrupción, el 10 de noviembre dimitía el subsecretario de Estado del primer ministro, Miguel Alves, después de ser acusado por la fiscalía de un delito de prevaricación. Alves habría hecho favores a empresas de Manuela Couto, esposa del exalcalde socialista Joaquim Couto, entre 2015 y 2016, mientras era el alcalde de Caminha. Por otro lado, desde mayo han sido cesados por “desacuerdos” con la política del gobierno el secretario de Estado de Economía, João Neves, y la secretaria de Estado de Turismo, Comercio y Servicios, Rita Marques. La secretaria de Estado para la Igualdad y las Migraciones, Sara Abrantes Guerreiro, dimitió alegando motivos de salud un mes después de asumir el cargo y después la polémica de Setubal, donde una asociación prorrusa, muy bien relacionada con el gobierno comunista de la ciudad, fue la encargada de acoger a los refugiados ucranianos. Por último, la ministra de Sanidad, Marta Temido, el Subsecretario de Estado de Salud, Antonio Lacerda Sales, y la Subsecretaria de Estado y Salud, Fátima Fonseca, dimitieron a raíz del escándalo provocado por la muerte de una mujer embarazada en la sala de urgencias de un hospital. Diez altos cargos en apenas 7 meses.

Otro asunto polémico ha sido la aprobación, por tercera vez, de una ley de eutanasia en el parlamento. La ley ha sido votada por el Partido Socialista, que gobierna en solitario con mayoría absoluta, con apoyo de la Iniciativa Liberal, el Bloco de Esquerda, PAN (Animalistas) y Livre (Verdes). En contra votaron los comunistas, Chega y el PSD (derecha liberal). El peso de la oposición a la ley de eutanasia vino de los conservadores de Chega que intentaron sin éxito la convocatoria de un referéndum. Seis diputados del PSD votaron a favor de la ley y, curiosamente, seis socialistas votaron en contra. No obstante, para que la ley sea una realidad es necesaria la aprobación del presidente de la República, el “conservador” Marcelo Rebelo de Sousa. El presidente, que tiene la potestad de vetar la ley o consultar al Tribunal Constitucional, ya ha rechazado los dos intentos anteriores.

En el mundo de la comunicación hay que destacar el lanzamiento el pasado 16 de noviembre en Lisboa del autodenominado “Consorcio - Red de Periodistas de Investigación”, una asociación no gubernamental, aunque apoyada por el Ministerio de Cultura. Los miembros de este Consorcio de “periodistas independientes” tienen un largo historial de activismo político vinculado a la izquierda y a la extrema izquierda, y han recibido importantes donaciones de la Open Society Foundations. De hecho, la OSF de George Soros es una pieza clave en la financiación de los distintos medios de comunicación que conforman el “Consorcio”, junto a organizaciones vinculadas a la extrema izquierda y al Estado portugués. Por tanto, como era de esperar, el objetivo del “Consorcio” no es otro que el partido Chega y su primer reportaje trató sobre la presencia de discursos de odio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Portugal y, como no, la relación entre este discurso de odio y el Chega. Como también ha sucedido en el caso de la mayoría de los llamados verificadores, el “Consorcio” no es “periodismo independiente”, sino la suma de activistas políticos de extrema izquierda al servicio de las organizaciones globalistas que los financian generosamente.