Informe: España & Portugal, febrero de 2023

España, camino de la distopía progresista

El parlamento español sigue apostando por la agenda progresista más radical, y el mes de febrero vio la modificación de la ley del aborto, la aprobación de la ley trans y el primer paso de la ley animalista, o ley de dignidad animal, que debe ser ratificada en el Senado. De esta última ley, aprobada con las modificaciones del Partido Socialista por socialistas, comunistas y la extrema izquierda independentista vasca y catalana, publicamos una extensa entrevista con Álex Lachhein, que puede leerse aquí, por lo que no vamos a profundizar más. Sólo mencionar uno de los detalles que más ha llamado la atención: la despenalización de la zoofilia. Hasta ahora, la zoofilia era un delito, pero con la nueva ley solo será castigada, y con penas inferiores, en caso de que el animal requiera atención veterinaria como consecuencia del abuso sexual. Los medios de comunicación de la izquierda salieron en tromba a desmentir la noticia y a decir que era un bulo, sin embargo, el propio Partido Animalista (PACMA) ha denunciado este aspecto de la ley y ha reclamado al Gobierno que retire el proyecto de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal para que no se produzca “otro retroceso inaceptable de la protección animal en España”.

Respecto al aborto, la reforma, aprobada con los votos en contra de PP y VOX, exige que los centros sanitarios públicos puedan ofrecer y garantizar la prestación del aborto, amplía el derecho reproductivo a todas “las personas trans con capacidad de gestar”, y crea un registro de objetores de conciencia que tendrán que comunicar por escrito y con antelación si pueden practicar abortos. Además, las menores de 16 y 17 años podrán abortar sin el consentimiento de sus padres y se eliminan la obligación de informar a la mujer sobre prestaciones o ayudas de apoyo a la maternidad y el plazo de reflexión de tres días. Este es el motivo por el que la propuesta de VOX en el gobierno autonómico de Castilla y León provocó tanto escándalo, porque no se quieren ofrecer alternativas a la mujer y mucho menos la posibilidad de escuchar el latido del niño que lleva dentro. La diputada de VOX Lourdes Méndez Monasterio calificó  el derecho al aborto como la mayor expresión de la barbarie y señaló que mientras se dedica un presupuesto de más de 35 millones de euros para provocar abortos hay menos de 3 millones en ayudas sociales. Méndez Monasterio también tuvo duras palabras para el Partido Popular por no derogar la ley cuando gobernó como había prometido y por  las palabras de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que afirmó que “el aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley”, para luego matizar que “no es un derecho fundamental”. De nuevo, la ambigüedad como bandera.

Al mismo tiempo que se aprobaba la reforma del aborto, se producía otro “gran avance en derechos”, en palabras de la ministra de Igualdad Irene Montero, con la aprobación de la ley Trans. La nueva ley permite la autodeterminación de género desde los 16 años sin que sea necesario ningún testigo o diagnóstico médica para solicitar un cambio de sexo en el registro civil, un cambio que será efectivo en un plazo de unos cuatro meses. Los menores de 14 y 15 años podrán cambiar su nombre y su sexo con el consentimiento de sus padres o tutores (de no ser así, un defensor judicial tendrá que resolver el conflicto). Los menores de 12 y 13 años solo podrán modificar el sexo siempre con autorización de un juez, que examinará su madurez; mientras que los menores de 12 años no pueden cambiar la mención registral del sexo pero sí su nombre para ajustarlo al sexo con el que se identifican. La ley también garantiza el acceso a reproducción asistida a mujeres solteras, lesbianas y bisexuales; la formación en diversidad para asistentes de personas mayores; reconoce el “sexilio”, el abandono de un pueblo o ciudad de una persona LGTB por “discriminación”; prohíbe las terapias de conversión e impone multas, en algunos casos muy severas, por LGTBfobia.

La oposición a esta ley ha venido desde la derecha, PP y VOX, e incluso desde el movimiento feminista. El presidente de VOX, Santiago Abascal, definió la ley con un peligro para las mujeres y los niños: “Esta ley es el ataque más grave que han recibido las mujeres, porque supone que la propia condición de mujer es, simplemente, una cuestión de voluntad o capricho… Nuestros niños y nuestras niñas se verán amenazados. Desde antes de la adolescencia podrán ser mutilados de forma irreversible por medio de una cirugía de reasignación de sexo. Podrán también ser sometidos a un tratamiento hormonal que les generará dependencia de por vida, que limitará su crecimiento y tendrá devastadores efectos secundarios”. El PP también votó en contra, aunque tanto en Galicia como Madrid los populares mantienen leyes Trans regionales. Sin embargo, en Madrid, gracias a la presión de VOX, la ley Trans regional será derogada. Pero, sin duda, la reacción más llamativa ha sido la del movimiento feminista, que han denunciado que la ley implica el borrado de las mujeres: “Ser mujer no es un sentimiento, somos mujeres, no cuerpos menstruantes ni gestantes”. Asimismo, las feministas piden la dimisión de la ministra Irene Montero por la “chapuza” de la ley del “solo sí es sí”. A fecha de 28 de febrero, 646 agresores sexuales vieron reducidas sus condenas y de ellos 65 han salido de la cárcel. La cifra no para de crecer.   

Prostitutas, drogas y Viagra

El pasado 14 de febrero estalló el “caso Mediador”, con detenciones en Canarias y otras provincias. Una trama de corrupción en la que, según las investigaciones, se ofrecía a empresarios privilegios en materia de contratación pública y concesión de ayudas europeas. Estas reuniones tenían lugar en el mismo Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid, puesto que los dos cabecillas principales de la trama eran el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes (renunció a su escaño al estallar el escándalo) y el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas (en prisión). Tras las reuniones, cenas en restaurantes caros y fiestas con prostitutas en hoteles y burdeles, en las que se consumían drogas y Viagra. En esas cenas y, al parecer también en las celebraciones posteriores, habrían estado presentes otros diputados socialistas, por lo que el caso está manchando mucho la imagen del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez, y podría hacer mucho daño a los socialistas de cara a las elecciones locales y regionales de mayo. Unos diputados, por cierto, que votaron a favor de abolir la prostitución.  

Portugal: Polémica por la ley de la vivienda

Los casos de corrupción han dejado, al menos de momento, tranquilo al gobierno socialista, aunque el Parlamento vivió una tensa sesión el 3 de febrero protagonizada por los diputados de CHEGA como consecuencia de la decisión de la Comisión de Transparencia y Estatuto de los Diputados de negar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la líder del Bloque de Izquierdas, Catarina Martins. Todo viene de las declaraciones de Martins en las que afirmó, refiriéndose a CHEGA, que “cada diputado racista elegido en el parlamento portugués es un diputado racista más”. A pesar de la denuncia interpuesta por CHEGA, la diputada no podrá ser juzgada por esas palabras gracias a su inmunidad parlamentaria.

Sin embargo, la noticia más importante en la política portuguesa ha sido el “Programa Más Vivienda”, destinado a aumentar la oferta de inmuebles destinados a vivienda, simplificar las licencias, aumentar el número de viviendas en el mercado de alquiler, combatir la especulación y proteger a las familias. La medidas más polémicas del programa son la prohibición de expedición de nuevas licencias de alojamiento local  (con excepción de los alojamientos rurales en el interior del país), la reevaluación de las licencias actuales en 2030 y, a partir de entonces, periódicamente, cada cinco años, y el arrendamiento coactivo, por el que el Estado podrá obligar a alquilar las viviendas desocupadas.

El nuevo programa del gobierno de Antonio Costa fue muy criticado por la Asociación de Alojamientos Locales de Portugal (ALEP). Para los arrendatarios, el ejecutivo “quiere acabar con el alojamiento local a partir de 2030”. Por su parte, el presidente de CHEGA, André Ventura, afirmó que el “Programa Más Vivienda es el mayor ataque a la propiedad privada y la vivienda en décadas” y que “tendrá un impacto significativo en la economía portuguesa. No sé si esto sucedió en la Unión Soviética. ¿El Estado le va a decir a la gente qué debe hacer con sus casas?”

Como alternativa al modelo socialista, CHEGA presentó un proyecto de 10 medidas denominado “Vivienda con Confianza” para “hacer un contrapunto al programa del gobierno”. El proyecto de CHEGA propone, ente otras mmedidas la reducción del IRPF, ventajas fiscales para quienes rehabiliten inmuebles desocupados destinados al alquiler, la reducción del IVA en la construcción civil, o créditos subvencionados para jóvenes, con aval del Estado durante cinco años. Como era de esperar, la propuesta fue rechazada y la aprobación definitiva en marzo del “Programa Más Vivienda” sigue su curso. Ventura admitió “contactos informales” con diputados de otros partidos para solicitar la inspección de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Según la Constitución, una quinta parte de los diputados (46 parlamentarios) son necesarios para recurrir la intervención del Tribunal Constitucional, por lo que CHEGA debe conseguir el apoyo de liberales y populares para solicitar la inspección.