Corrupción en Portugal: La historia interminable

La actualidad política de Portugal no se libra del fantasma de la corrupción. Por supuesto, ha habido otras noticias importantes, como la adopción de la eutanasia, mencionada al final de este artículo, pero la sucesión de noticias relacionadas con la corrupción ocupa la primer página de todos los periódicos.

El caso de la TAP sigue provocando escándalos y dimisiones de altos cargos socialistas. Esta vez fue el turno del ministro de Infraestructura, João Galamba, cuyo asesor, Frederico Pinheiro, fue despedido por las informaciones que lo vinculan con el caso TAP. Pero Pinheiro no se tomó bien su despido y se presentó en el Ministerio de Infraestructura donde, según ha sido denunciado, robo un portátil ejerciendo la violencia. Se desconoce qué había en el interior de ese portátil, pero la polémica se hizo aún mayor cuando se supo que el Servicio de Información y Seguridad (SIS) se involucró en el caso para recuperar el portátil robado. Ante el escándalo, el ministro Galamba presentó su renuncia al primer ministro, António Costa, “en favor de la necesaria tranquilidad institucional”. Una dimisión que no fue aceptada por Costa: “Este es un gesto noble que respeto, pero que en conciencia no puedo aceptar”, declaró ante los periodistas, señalando que la actuación de Pinheiro no era “atribuible” al ministro. Como es lógico la decisión de Costa no gustó a la oposición, que había pedido la dimisión del ministro, ni tampoco al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. En una nota publicada en el sitio oficial de la Presidencia de la República en Internet, el presidente manifestó su desacuerdo con la “lectura política” de Costa “y la percepción resultante por parte de los portugueses, respecto al prestigio de las instituciones que los gobiernan”. Para Rebelo de Sousa las razones esgrimidas por el ministro para dimitir eran “de peso” y definió la situación como “deplorable”.  

El 16 de mayo el presidente de la comisión de investigación de la TAP informó al presidente de la Asamblea de la República, Augusto Santos Silva, de una nueva filtración de información de documentos que se encuentran en el archivo de la comisión. Es la segunda vez que sucede. Dos días después, Pinheiro compareció ante el parlamento para responder a los diputados y acusó a la “poderosa máquina del Gobierno” de haber buscado crear una “narrativa falsa sobre los hechos ocurridos”, tanto en el supuesto robo como en lo relacionado con la investigación de la TAP. A raíz de esta declaración, CHEGA pidió al primer ministro Costa todas las comunicaciones con el ministro João Galamba en la noche de los hechos. Para André Ventura, Costa tiene “miedo a ser investigado, miedo a ser escrutado y miedo a ser acusado de abuso de poder y por recurrir abusivamente a los servicios del Estado para cuestiones de carácter eminentemente partidista”. También el expresidente de la República Aníbal Cavaco Silva acusó al Gobierno de ser especialista en “mentiras y propaganda” y se preguntó cómo ha podido caer “tan bajo en términos de ética política”. De seguir así, el caso TAP podría enterrar al gobierno socialista.

No obstante, la TAP no es el único caso de corrupción que afecta a la izquierda portuguesa. El 16 de mayo la policía judicial detenía a seis personas tras los registros realizados en los ayuntamientos de Vila Nova de Gaia y Oporto. Uno de los detenidos, fue el teniente de alcalde del ayuntamiento de Gaia, el socialista Patrocínio Azevedo y responsable de las áreas de planificación urbana y política de suelos, licencias urbanas y obras municipales. Posteriormente, se supo que otro socialista, Pedro Baganha, concejal de urbanismo en el ayuntamiento de Oporto, estaba siendo investigado y que la policía judicial le había incautado el teléfono móvil. La operación, denominada Babel, investiga delitos de abuso de poder, corrupción activa y pasiva, y aprovechamiento indebido en el ámbito del urbanismo que involucran intereses inmobiliarios del orden de los 300 millones de euros. Unos días más tarde, la Operación Babel salpicaba al ministro de Sanidad, el socialista Manuel Pizarro, que también está siendo investigado por prevaricación en relación con este caso. A mediados de junio, Patrocíno Azevedo, bajo arresto domiciliario desde que se destapó el caso, dimitía de su cargo como teniente de alcalde y presidente del consejo socialista local, y al mismo tiempo reafirmaba su inocencia. Otro de los principales sospechosos en la trama, el empresario y CEO del grupo Fortera, Elad Dror, pagó una fianza de un millón de euros para salir de prisión y también dimitió de su cargo empresarial.

Por si fuera poco, el 22 de mayo se emitió un programa de investigación de TVI/CNN detallando la investigación de la Fiscalía contra el ministro de Hacienda, Fernando Medina, sospechoso de cometer varios delitos, entre ellos corrupción, participación económica en negocios, financiamiento prohibido de partidos, prevaricación de funcionarios políticos, tráfico de influencias y abuso de poder, en el marco del caso Tutti-Frutti cuando era alcalde de Lisboa en 2017. Un caso que no sólo afectaría a políticos socialistas, sino también a políticos conservadores del PSD. Sin embargo, la investigación sobre Fernando Medina, ministro de Hacienda, y también sobre Duarte Cordeiro, ministro de Medio Ambiente, está paralizada por la “falra de recursos” del ministerio de Justicia, como admitió el 3 de junio la Procuradora General de la República, Lucília Gago. Sin duda, el caso ‘Tutti Frutti’ promete ser una nueva fuente de escándalos.

El socialismo portugués tiene un grave problema de corrupción, lo que no es nuevo, pero ya empieza a afectarle electoralmente. Según las últimas encuestas publicadas en junio y a primeros de julio, la intención de voto en Portugal gira a la derecha. A pesar de que el Partido Socialista sigue siendo el más votado, la suma del PSD y CHEGA, consolidada como la tercera fuerza política, alcanzaría la mayoría parlamentaria con el 45% de intención de voto. Por tanto, el PSD necesita a CHEGA para formar Gobierno, Portugal se suma a la tendencia europea.

El parlamento portugués legaliza la eutanasia

El proyecto de ley de la eutanasia fue finalmente aprobado después de haber sido rechazado hasta en cuatro ocasiones por los vetos del presidente Rebelo de Sousa, católico practicante y opuesto a la eutanasia, y por las inconstitucionalidades decretadas por el Tribunal Constitucional. El último fue el 19 de abril, cuando en una carta al parlamento Rebelo de Sousa pidió a los diputados que aclarasen “quién define la incapacidad física del paciente para autoadministrarse fármacos letales, así como quién debe garantizar la supervisión médica durante el acto de muerte asistida médicamente”. No obstante, la Constitución portuguesa permite al parlamento superar el veto presidencial mediante la mayoría absoluta de los diputados, es decir, 116 de 230, y así fue. La izquierda y los liberales presentaron un proyecto de ley idéntico al anterior con la salvedad de que establece que la eutanasia sólo se llevará a cabo si el suicidio asistido es imposible por incapacidad física del paciente. El 12 de mayo el proyecto de ley fue aprobado por 129 votos a favor y 81 en contra (populares y CHEGA), obligando al presidente a su promulgación.