Informe por país: España y Portugal, enero de 2023

Histeria abortista por el latido del bebé

Castilla y León es la única comunidad autónoma en la que PP y VOX gobiernan en coalición, un modelo que muchos consideran la única alternativa viable a la izquierda, pero que cada vez parece más difícil por la entrega de los populares a la Agenda 2030 y a toda la ideología progre. El jueves 12 de enero, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de VOX, dio una rueda de prensa con Carlos Fernández Carriedo, del PP, en la que se anunciaron los acuerdos del gobierno regional. Entre esos acuerdos, García-Gallardo anunció “medidas provida para tratar de que las madres que quieran continuar con el embarazo puedan seguir y tengan todo el apoyo”. En Castilla y León se produjeron 2.597 abortos en 2021 (en España, un país sumido en una grave crisis demográfica, se producen 90.000 abortos anuales), “un fracaso”, en palabras de García-Gallardo y la razón por las que se habían acordado las siguientes medidas: la atención psicosocial a las madres que lo necesiten; ofrecer a los padres la posibilidad de escuchar el latido del bebé para que, antes de tomar una decisión, la madre pueda escuchar el latido de su hijo; promover el acceso a las ecografías 4D para poder ver en tiempo real un vídeo del niño que está siendo gestado; respetar el derecho fundamental a ejercer objeción de conciencia con el aborto de los profesionales de la salud. Según lo acordado, los sanitarios tendrán que ofrecer las tres primeras medidas a cualquier mujer embarazada que acuda al médico, y luego la mujer decidirá si las quiere o no. “Si son útiles para salvar una sola vida, merecerá la pena”, concluyó García-Gallardo.

La reacción histérica de la izquierda no se hizo esperar. Para el Partido Socialista estas medidas son “violencia machista contra las mujeres” y una “aberración”. Podemos lo calificó de “atrocidad” y “violencia institucional” e incluso se mostró partidario de aplicar el artículo 155, que permite el control por parte del gobierno central de cualquier autonomía, a Castilla y León. Esta reacción tan exagerada es, al fin y al cabo, lo que cabe esperar de los partidarios de la cultura de la muerte, para los que el aborto es un “derecho humano” y, por tanto, no debe tener limitaciones. Pero lo realmente preocupante fue la reacción del Partido Popular. El viernes 13, el consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, incidía en que “no son medidas obligatorias para los sanitarios”, es decir, no se va a ofrecer a la mujer la posibilidad de escuchar el latido del niño que lleva dentro. Según la conserjería de Sanidad: “Ni se obligará a un médico a ofrecerlo ni ninguna mujer que quiera abortar tendrá que escuchar el latido”. Desde la dirección nacional del PP la reacción ha sido también de rechazo. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, garantizó que “no se va a modificar el protocolo” en Castilla y León porque sería “coaccionar a la mujer que quiere abortar”, aunque aseguró que el PP está a favor de la vida.

Esta curiosa forma de defender la vida se ha traducido en el apoyo del PP a una enmienda en el Senado para la futura ley del aborto que se aprobará en febrero. La enmienda prohíbe “alterar, ya sea para afianzar, revocar o demorar” la voluntad de una mujer que solicite abortar. Si la ley es aprobada, medidas como las propuestas por VOX no se podrían aplicar a nivel regional. También en febrero, y después de más de 12 años, llegará la esperada decisión del Tribunal Constitucional por el recurso que 71 diputados del PP presentaron contra la ley del aborto en junio de 2010. Se espera que el recién renovado Tribunal Constitucional con mayoría progresista desestime el recurso. Aquí es importante recordar que en estos doce años el PP ha gobernado dos veces, una con mayoría absoluta, y que el Tribunal Constitucional ha tenido mayoría conservadora, es decir, de miembros propuestos por el PP, y no hicieron absolutamente nada. Lo ocurrido en Castilla y León muestra la reticencia de los populares para hacer frente a los planteamientos ideológicos de la izquierda y explica porque muchos de sus dirigentes preferirían gobernar con el apoyo de la izquierda antes que con VOX.

Violencia yihadista en Algeciras

El 25 de enero, Yassine Kanjaa, un ciudadano marroquí que entró ilegalmente en España y con un expediente de expulsión abierto desde junio de 2022 (según el ministerio del Interior español no se le pudo expulsar por la falta de colaboración marroquí; según Marruecos, España no tramitó ninguna solicitud), atacó con un machete las parroquias de La Palma y San Isidro en Algeciras (Cádiz) al grito de “muerte a los cristianos” y “Alá es grande”. Diego Valencia, sacristán de La Palma, murió acuchillado, mientras que el sacerdote Antonio Rodríguez, párroco de San Isidro, y otras tres personas resultaron heridas.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, fue el mas duro al condenar el ataque: “Unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre. No podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo”. Tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como Alberto Núñez Feijóo, lamentaron la muerte del sacristán fallecido (“fallecido” no “asesinado”), pero posteriormente el dirigente del PP generó una polémica cuando afirmó que “desde hace muchos siglos no se ve a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión, pero hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. Ante las críticas de la izquierda y de los medios de comunicación, Feijóo se disculpó unos días después señalando que no habían sido sus “mejores declaraciones” y que “las religiones no son culpables de nada. No es problema de religión sino de fanatismo. Ni musulmanes ni católicos son culpables”. Ese mismo argumento, aunque añadiendo la supuesta violencia de los católicos, fue utilizado por la extrema izquierda y por algunos medios de comunicación que, además de atacar a VOX por “querer utilizar el crimen”, presentaron una imagen totalmente distorsionada de la realidad. Ningún representante del gobierno asistió al entierro de Diego Valencia. El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, señaló que el sacristán murió “por su fe y recordando su fe”.

Portugal: CHEGA crece en las encuestas mientras el gobierno sigue sumando casos de corrupción

Los continuos escándalos de corrupción y dimisiones en el gobierno portugués llevaron a la presentación el 5 de enero de una moción de censura en el parlamento. Sin embargo, la moción sólo contó con el voto a favor de Iniciativa Liberal y de CHEGA, la derecha liberal del PSD se abstuvo y toda la izquierda voto en contra. Horas después del fracaso de la moción, estallaba un nuevo escándalo con la dimisión de Carla Alves, Secretaria de Estado de Agricultura, que se vio obligada a dejar su puesto 26 horas después de su designación por un caso de corrupción de su marido. El siguiente en caer en desgracia fue Hugo Pires, el nuevo Secretario de Estado de Medio Ambiente, que al parecer habría vendido su empresa a un grupo dedicado a la importación y tratamiento de basuras y materiales considerados peligrosos para la salud y el medio ambiente. El 10 de enero dimitió Pedro Miguel Magalhães Ribeiro, asesor de la oficina del primer ministro, condenado en procedimientos judiciales por violación de los deberes de neutralidad e imparcialidad durante la campaña electoral de 2021 mientras era alcalde de Catarxo. La corrupción se está convirtiendo en el talón de Aquiles del gobierno socialista.

Como se esperaba, y por tercera vez, el Tribunal Constitucional de Portugal rechazó el 30 de enero la nueva ley de la eutanasia por considerar que algunos puntos de la norma entran en conflicto con la ley fundamental del país. Según el presidente del Tribunal Constitucional, João Pedro Caupers, la decisión se tomó por mayoría al considerar que la ley da lugar a interpretaciones contradictorias. Se trata de una nueva victoria del presidente portugués, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que solicitó la revisión de la ley por una cuestión de “seguridad jurídica”.

La decisión del Tribunal Constitucional fue muy bien recibida por el partido CHEGA, que celebró su quinta Convención Nacional en Santarém en la que André Ventura fue reelegido líder del partido por el 98,3% de los votos. En su discurso tras su elección, Ventura prometió “conquistar la calle a la izquierda” y dar voz a los que la han perdido: “Sólo hay una entidad que establece cuáles son las líneas rojas. No se llama Luís Montenegro, ni Rui Rocha, ni Augusto Santos Silva, ni António Costa. Se llama pueblo portugués y sólo él establecerá las líneas rojas de Portugal y CHEGA”.

La clausura de la Convención corrió a cargo de los dirigentes de varios partidos europeos, en su mayoría del grupo Identidad y Democracia, que asistieron al acto. Entre ellos Jordan Bardella, sucesor de Marine Le Pen al frente de Rassemblement National, Tino Chrupalla, de Alternativa para Alemania (AfD), Geert Wilders, del Partido de la Libertad holandés (PVV), Tom Van Grieken, del Vlaams Belang (VB), Ludovit Goga, del movimiento eslovaco Sme Rodina (Somos Familia), Cláudiu Tarziu, de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) y Adam Samu Balázs de Fidesz (Hungria). En representación de VOX, Rocío Monasterio, presidente de VOX en la Comunidad de Madrid, destacó la importancia de este tipo de reuniones: “Los patriotas seremos protagonistas y parte capital en el necesario cambio de rumbo de nuestras naciones. Por eso es fundamental unir fuerzas y estrechar lazos para que nuestras ideas se hagan realidad”.

La dura oposición de CHEGA al gobierno socialista está aumentando la popularidad del partido de André Ventura. Según las últimas encuestas, CHEGA alcanza el 14,2% de intención de voto, pasando de 12 a 32 a escaños. En base a estas encuestas, si mañana hubiese elecciones en Portugal, CHEGA y el PSD sumarían el 44,8% de los votos y podrían formar gobierno.